La devaluación del 22%, anunciada por el Ministerio de Economía el último lunes, impactó de lleno en las góndolas, en los surtidores de combustible y no dejó de lado al ya golpeado y deprimido sector inmobiliario. Mientras los propietarios analizan qué hacer con sus inmuebles, y los inquilinos buscan condiciones acordes para poder tener un techo, en el Congreso se define qué puede suceder la próxima semana con la Ley de Alquileres.

La crisis en el sector se agigantó por el efecto de las PASO y los especialistas aseguran que la oferta, que ya resultaba escasa, se retrajo un poco más.

En diálogo con LA GACETA, el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Tucumán, Fernando Guzmán, aseguró que a raíz de la devaluación los propietarios quieren retocar los precios porque si no lo hacen ahora tienen que esperar un año para recién actualizarlo. “También hay casos de propietarios que prefieren no alquilar antes que hacerlo en estas condiciones con contratos a tres años y actualizaciones anuales”, agregó.

Teniendo en cuenta los movimientos en el mercado cambiario, Guzmán detalló que una propiedad que costaba U$S 100.000 a principios de año, hoy tiene un valor de U$S 70.000. “Hubo una baja del 30% respecto al dólar y nuestro desafío es que el propietario entienda que la propiedad vale más en pesos, pero menos en dólares”, detalló.

El referente del sector anheló que la próxima semana pueda empezar a observarse en el Congreso un principio de solución para esta problemática que tiene a inquilinos y propietarios “en la misma carrera”. “No hay relaciones abusivas de unos sobre otros, sino que no se puede tener un contrato congelado un año porque todo sube. Esperamos que esto pueda cambiar y en Diputados no triunfe la propuesta del oficialismo porque eso nos perjudicaría 10 veces más”, enfatizó.

Mientras se espera que la política tome medidas sobre este tema, ya se sabe el porcentaje de incremento que sufrirán las renovaciones de los alquileres en septiembre a partir de Índice para Contratos de Locación (ICL), que construye el Banco Central de la República Argentina (BCRA) considerando dos variables clave de la economía: inflación y salarios. Tomando como base el ICL, el aumento de alquileres para los contratos que se actualizan el 1 de septiembre de 2023 es del 113%. Tal porcentaje es mayor que el 109,4% de agosto y permanece en los tres dígitos, al igual que julio y agosto. Es decir, si te corresponde actualización del contrato de alquiler el mes que viene y hasta este mes pagabas $100.000 mensuales, por ejemplo, pagarás desde septiembre y durante doce meses un alquiler de $213.000.

Posturas en pugna

Más allá de las diferencias sobre cómo debe resolverse la cuestión de los alquileres, oficialistas y opositores coinciden en asegurar que el próximo 23 de agosto habrá actividad en la Cámara baja para participar de la sesión especial que solicitó Juntos por el Cambio (JxC) para reformar o derogar la normativa vigente. Por su parte, el Frente de Todos (FdT) y algunos otros aliados sostienen un dictamen de mayoría que busca mantener los ejes centrales de la actual ley.

Con este escenario en el horizonte próximo, la cuestión numérica dentro del recinto juega un papel clave porque JxC (117 diputados) confía llegar a un total de 129 -ocho legisladores del interbloque Federal y cuatro de Provincias Unidas- para rechazar el dictamen oficialista e imponer el propio. Por el otro lado, con el respaldo de 123 escaños, el FdT analiza el contexto y aguarda que su presidente de bloque, Germán Martínez, indique el camino a seguir.

Cambios de fondo

La diputada nacional por Tucumán, Paula Omodeo, reconoció que ante el proceso inflacionario que afronta el país “poco puede modificarse en el sector con cambios” en la ley actual. “La ley puede cambiar poco y nada la situación teniendo en cuenta el proceso inflacionario que afrontamos. Aquí necesitamos normas de fondo para encontrar soluciones concretas. Las actualizaciones y los salarios van a quedar siempre cortos en medio de un proceso donde nada tiene precio porque cambia todos los días”, dijo la dirigente de CREO. Y remarcó que la legislación vigente “es mala” porque no mira la realidad de la sociedad y el mercado. “La ley es letra muerta y no la aplica nadie. Esta obsesión del Gobierno de querer controlar el mercado y sobre regular las cuestiones convierte en letra muerta a la legislación. Tenemos que dar una respuesta ante un caos generalizado”, enfatizó.

Mirada oficialista: para Fernández se debe buscar equilibrio

El diputado nacional, Agustín Fernández, anticipó que el FdT buscará triunfar con su postura y reconoció que la bancada definirá en los próximos días qué postura adoptar. “Esta ley, llevada adelante por JxC, inclina la situación para el inquilino y eso desencadenó los defasajes que vemos en la oferta porque al propietario, con la inflación que hay, no le conviene hacer contratos a tres años. Es necesario ponerse de acuerdo y equilibrar la oferta y la demanda”, manifestó el legislador tucumano. El dictamen mayoritario reivindica la ley actual, al mantener el plazo de tres años en los contratos y al índice para la actualización de los alquileres en base a una fórmula que combina IPC y RIPTE.

¿Qué puede cambiar?: la oposición plantea nuevos términos

El dictamen de minoría plantea el retorno a dos años del plazo mínimo legal de los contratos. En cuanto al precio del alquiler, establece que el mismo deberá “fijarse como valor único y por períodos mensuales, sobre el cual podrán realizarse ajustes con la periodicidad que acuerden las partes, por intervalos de entre tres y 12 meses”. Asimismo, agrega que para los ajustes, las partes “deberán convenir el mecanismo de actualización del precio del alquiler al inicio de la relación locativa, pudiendo aplicar a tales efectos el Índice de Precios al Consumidor (IPC), el Índice de Precios Mayoristas (IPM) y/o el Índice de Salarios (IS)” o una combinación de dichos índices.